SE REABRE EL
DEBATE EN ESPAÑA ENTRE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA SEGURIDAD POR EL USO DEL
BURKA
El ministerio del Interior español
pretende regular la prohibición de esta prenda, argumentando motivos de
seguridad ya que puede dificultar la identificación de una persona.
El
planteamiento del Ministerio del Interior de España de regular la prohibición
del burka por motivos de seguridad no es algo nuevo en ese país, donde la
polémica llegó incluso al Tribunal Supremo.
Durante un
acto público el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue preguntado por
la decisión de algunos ayuntamientos de prohibir el uso de esa prenda, que ha
sido cuestionada por las autoridades judiciales.
Fernández Díaz
expresó su opinión personal sobre el uso del burka y aprovechó para sugerir que se podría
regular en el marco de una ley actualmente en trámite en el Parlamento referida
a diversos aspectos de seguridad ciudadana.
La alusión del
ministro recupera un debate que ya se dio cuando el Tribunal Supremo anuló la
ordenanza de Lérida en la región de Cataluña (norte de España), la primera
ciudad en aprobar la prohibición del uso del velo integral en dependencias
municipales en 2010, por considerar que limitaba la libertad religiosa.
Cataluña es la
región donde ha habido un debate más intenso sobre este asunto y, de hecho, más
de una docena de gobiernos locales, aprobaron ordenanzas similares, a las que
hay que sumar la del municipio andaluz de Coín en la provincia de Málaga (sur
de España).
El pasado 18
de julio el Ayuntamiento Reus, también en Cataluña, aprobó las ordenanzas de
civismo que impiden ir con la cara tapada en la vía pública, aunque del texto
final se eliminaron los conceptos de burka -que cubre todo el cuerpo y tiene
una rejilla para ver- y el niqab -un velo negro de pies a cabeza-.
Como
consecuencia, la normativa prevé sanciones de 750 euros (más de 975 dólares)
para quien circule con el rostro tapado por la calle, aunque no se podrá multar
a las mujeres que usen velo integral.
La regulación
del uso del burka y el niqab en espacios públicos también está prevista en la
memoria de la ley del espacio público del Gobierno catalán, como ya avanzó a
finales de julio pasado Ramón Espadaler, conseller de Interior de Cataluña
Para el
ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, la única dimensión que
tiene este asunto es la de la seguridad, ya que esta prenda, de la que
personalmente piensa que "atenta contra la dignidad de las mujeres",
puede dificultar la identificación de una persona durante una protesta.
Pero cuando
este tipo de medidas llegaron al Tribunal Supremo de España, el alto tribunal
optó por poner freno al "limite para el ejercicio fundamental de libertad
religiosa que la prohibición del velo integral supone" y recordar además
que una ordenanza municipal no puede legislar en materia de derechos
fundamentales.
El caso que se
plantea ahora es distinto, porque la regulación del burka se incluiría en el
proyecto de ley de seguridad ciudadana que se tramita en el Congreso español y
que contempla sanciones administrativas para las personas que vayan embozadas a
las manifestaciones e impidan así ser identificadas.
La sentencia
del Tribunal Supremo que anuló la prohibición del velo islámico aprobada por
las autoridades de Lérida también sugería para poder regular el uso del burka
la "exigencia indeclinable" de una ley previa, que hasta ahora no
existe en España.
Eso cambiaría
si finalmente la ley de seguridad ciudadana incluye su regulación.
El uso del
velo islámico, del burka y otras prendas para ocultar el rostro de la mujer es
objeto de un "intenso debate tanto en España como antes en otros
países", reconocía el Tribunal Supremo en su sentencia, que también
recordaba que en nuestro entorno occidental "no existe en general dicha
prohibición, pese a que en distintos países han surgido propuestas" en
este sentido.
Sin embargo,
en Francia sí hay una ley en vigor desde 2011 que prohíbe llevar burka o velo
integral en el espacio público y que además fue avalada por el Tribunal de
Derechos Humanos Europeo, que entendió la necesidad de las autoridades "de
identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las
personas".
Una tesis muy
parecida a las explicaciones ofrecidas por el ministro español, que además
podría influir también en futuras interpretaciones de los tribunales de ese
país. Agencias
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